Minambiente no dará marcha atrás en la medida de protección para Playa Blanca

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• El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena ordenó suspender los efectos de la Resolución No. 0774 de 2018, hasta tanto no se realice el proceso de consulta previa con la comunidad de Playa Blanca en isla Barú.

• Las acciones de tutela fueron promovidas por el representante legal del Consejo Comunitario de Negritudes de la vereda de Playa Blanca y demás accionantes propietarios de establecimientos comerciales ubicados en Isla Barú.

Ante la decisión del Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha decidido impugnar el fallo y ejercer los mecanismos legales que estén a su alcance para lograr la protección y conservación de la Tortuga Carey.

“Estamos muy decepcionados con el fallo del juez sexto de familia de Cartagena, porque vemos la intención de utilizar la figura del derecho a la consulta previa como un argumento para evitar que se tomen medidas preventivas frente a un ecosistema que se está acabando, nosotros no vamos a dar marcha atrás, ya estamos en la impugnación de ese fallo Y esperamos que el tribunal en Bolívar pueda corregir esta situación”, señaló el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo Urrutia.

En su deber de garantizar a las generaciones futuras la perpetuidad de las riquezas naturales del país, el Ministerio de Ambiente emitió la medida preventiva con el objetivo de proteger el proceso reproductivo de la tortuga carey, especie que se encuentra catalogada en peligro crítico de extinción, según la última actualización de las especies de la diversidad biológica amenazadas.

La Resolución 0774 de 2018 es una medida de carácter temporal, que corresponde al ciclo de reproducción de la tortuga carey y acoge únicamente el cierre del área donde se está viendo afectada la especie, permitiendo el desarrollo normal de actividades turísticas en el resto de la zona.

La decisión del cierre parcial del sector norte de la unidad de playa, fue producto de las condiciones ambientales negativas que se han evidenciado en el territorio. Durante varios años los índices de capacidad de carga fueron desbordados llegando a las 13.000 personas por día, sin que ninguna autoridad lograra tomar las medidas necesarias para proteger la especie.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, determinó que debería tomarse una solución inmediata para la anidación de esta especie de manera urgente, pues el índice de anidación cayó dramáticamente, pasando de aproximadamente 13 a sólo 1 nido en la última temporada del proceso biológico.

En ese sentido, la Carta Política de 1991 exige de esta cartera el deber de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, de conformidad con lo contenido en los Artículos 8, 79 y 80. Las medidas cautelares de urgencia como son las medidas preventivas de la Ley 1333 de 2009, que desarrollan el principio de precaución en materia ambiental, no pueden ser desconocidas cuando se pone en riesgo la biodiversidad de la Nación.

El ejercicio de una actividad lícita como el turismo debe cumplir los estándares ambientales, en pro de lograr una adecuada convivencia con los elementos del entorno, como son nuestras playas, nuestros manglares y en especial nuestras especies de importancia ecológica como son las tortugas carey. Por esta razón el Ministerio continuará en su lucha por restablecer estos nichos biológicos que son únicos en el departamento de Bolívar, debido que se encuentra en juego una posible legalización del abuso del derecho a gozar de un ambiente sano, sin que se tenga en cuenta que puede desaparecer un sitio de anidación, que contribuye a la extinción de una especie.

En cuanto a la solicitud por parte del Juzgado Sexto de Familia, de realizar el proceso de consulta previa con la comunidad de Playa Blanca – Isla Barú; “argumentamos que las medidas preventivas son medidas de urgencia, que se toman para evitar la continuidad de un daño que se está causando al medioambiente, a los recursos naturales o a las especies de importancia ecológica y no deben estar supeditadas a las consultas previas, ya que al hacerlo, se desnaturalizaría el sentido de la medida preventiva”, explicó el Ministro Murillo.

A través de la imposición de estas medidas, se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana; por lo que al concertarlas se perdería su inmediatez y ya no sería posible hablar de una medida de carácter preventivo, sino de otro tipo de medidas.

En ese orden de ideas, la decisión adoptada por el Ministerio, en ningún momento consideró la posibilidad de vulnerar los derechos fundamentales de las comunidades étnicas asentadas en Playa Blanca, sino que responde a la naturaleza de la misma medida adoptada, sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a los Consejos Comunitarios de Playa Blanca, Ararka, Barú y Santa Ana el día viernes 4 de mayo de 2018 en la Isla de Barú y Playa Blanca, con el fin de socializar dicha medida que resulta necesaria y prioritaria para la conservación de la especie marina.

“La medida es necesaria para las mismas comunidades negras afrodescendientes que están en Playa Blanca, para la salud de ese ecosistema y para que garanticemos la protección de la tortuga carey. Estamos cerrando aproximadamente 1 de los casi 3 km que tiene Playa Blanca y en el resto de la zona se están tomando otras medidas que benefician a la comunidad, porque allí hay problemas de vertimientos, de invasión de espacio público. La comunidad va a ser la más beneficiada si ese ecosistema se protege, ellos pueden recibir pagos por servicios ambientales, turismo de naturaleza, allí nosotros hemos concertado muchísimo, simplemente que hay intereses que quieren bloquear que podamos cerrar y recuperar Playa Blanca”, puntualizó el Ministro de Ambiente.

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